IRPH: El Abogado de la UE abre la puerta a una avalancha de reclamaciones contra la banca.

IRPH: El Abogado de la UE abre la puerta a una avalancha de reclamaciones contra la banca.




El Abogado General del Tribunal de la Unión Europea ha abierto la puerta a una nueva avalancha de reclamaciones de los afectados por el IRPH de las hipotecas contra los bancos. Entre sus conclusiones destaca que este indicador en el momento de su imposición por parte de la banca a los consumidores no era obligatorio. Deja en manos de los jueces la posibilidad de anular este tipo de hipotecas.


El dictamen del abogado general, que en este caso es el polaco Maciej Szpunar, no tiene carácter vinculante, pero los jueces del TJUE siguen sus recomendaciones en un alto porcentaje de los casos. La sentencia definitiva estaba prevista que se conociera en otoño, pero posiblemente también se retrase.


Mientras consumidores y bancos esperan la sentencia definitiva, el abogado general ha señalado que pactar una cláusula que fije un tipo de interés tomando como valor de referencia el IRPH (uno de los seis índices oficiales legales) no está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva Europea, es decir, que puede ser objeto de un control judicial para ver si es abusiva o si se comercializó de forma transparente.


Este informe supone un varapalo para la banca que le podría costar entre 3.000 y 7.000 millones de euros en devolución del dinero cobrado de más, según datos de Morgan Stanley. Pero Goldman Sachs eleva el impacto en hasta los 44.000 millones de euros, ya que afirma que se podría dar el escenario de que el 100% de los hipotecados con IRPH en sus hipotecas reclamen la devolución.


Juan Villén, responsable de idealista/hipotecas, explica que “no se trata de una decisión vinculante pero abre la puerta a que los jueces españoles activen los procesos que tienen sobre la mesa sin esperar a la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE en el primer trimestre de 2020. De todas formas, las sentencias afectarán a un número reducido de hipotecados, ya que el IRPH no se utilizó de forma mayoritaria y su uso se centró, principalmente, en las desaparecidas cajas de ahorros, que fueron absorbidas por las grandes entidades financieras”.


Szpunar señala principalmente que una cláusula o un índice no son transparentes por el mero hecho ser oficiales. esto significa que la banca española no tenía obligación de usar el IRPH en los contratos hipotecarios de los consumidores. de hecho, escogieron hacerlo incluso en casos en que no era el índice más beneficioso para los ciudadanos. De hecho, en el caso concreto a resolver por el TJUE, el consumidor afectado por el IRPH su abogado aseguró que este índice era menos favorable para él que el uso del euríbor, utilizado en el 90% de loas hipotecas.

Carmen Giménez, abogado titular de G&G Abogados, señala las principales conclusiones del abogado general:


En primer lugar, basándose en el principio de cumplimiento obligatorio de las normas, y por tanto, en su imperatividad legal, indica, coincidiendo con el Juzgado nº 38 de Barcelona que planteó la cuestión prejudicial, que el IRPH en el momento de su imposición por parte de las entidades financieras a los consumidores, no era obligatorio, ya que había otros índices aplicables a los préstamos con garantía hipotecaria, por lo que dicho índice puede y debe ser examinado desde el punto de vista de la transparencia.En el segundo punto, e importante para todas aquellas cláusulas que puedan afectar al objeto principal del contrato y/o adecuación entre precio y retribución (por ejemplo, cláusula suelo, comisión de apertura, etc...), indica que a nuestro ordenamiento jurídico español no se ha traspuesto la excepción establecida por la Directiva, en el sentido de que no pueden ser examinadas desde el punto de vista de la transparencia material (comprensión por parte del consumidor), si dichas cláusulas han sido redactadas de forma clara y comprensible. Y asienta que un juez nacional no puede aplicar la excepción contenida en la Directiva, para abstenerse de conocer sobre una cláusula por abusiva, por no haberse traspuesto a la normativa española.Finalmente viene a decir cuáles son los requisitos sobre la información que tiene que dar la entidad al consumidor sobre el índice IRPH, de manera que el consumidor, con la información facilitada por el profesional pudo llegar a comprender tanto las consecuencias jurídicas como económicas que conllevaba la imposición de dicha cláusula, y como iba a influir en su economía durante toda la vida del préstamo. Y dichos requisitos son, entre otros: especificar la definición completa del índice de referencia empleado por este método de cálculo, así como las disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho índice, y referirse a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido.


Termina concluyendo que: "Al efectuar el control de la transparencia de la cláusula controvertida, el juez nacional debe comprobar, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, por una parte, si éste exponía de manera transparente el método de cálculo del tipo de interés, de manera que el consumidor estuviera en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que del mismo se derivaban para él y, por otra parte, si el citado contrato cumplía con todas las obligaciones de información previstas en la normativa nacional."


En opinión de Giménez, se avecina una nueva avalancha de reclamaciones contra la banca, “para mayor saturación de los desafortunados Juzgados Uniprovinciales, y una dilatada espera de los consumidores hasta ver satisfechos sus derechos, puesto que la experiencia ha demostrado, hasta ahora, que las entidades financieras no muestran actitud alguna colaborativa para resolver sus asuntos sobre cláusulas abusivas, fuera de sede judicial, ni siquiera mediante el establecimiento de Reales Decretos, como fue el aprobado para las cláusulas suelo”.


Fuente: Idialista