El inmobiliario, en el foco por la ausencia del canal de denuncias ante el blanqueo de capitales.




El sector inmobiliario es uno de los sectores reconocidos con mayor riesgo de comisión de delitos de blanqueo de capitales. Causa por la que es foco de atención de organismos y autoridades supervisoras en esta materia.


En sus últimas publicaciones, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) ha señalado al sector inmobiliario por las deficiencias detectadas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Entre otras, se hace alusión a la falta de implementación del, ahora en boca de todos, Canal de Denuncias.


¿Qué es el Canal de Denuncias y por qué cobra gran relevancia actualmente en el sector inmobiliario?

Un Canal de Denuncias es un medio de comunicación que proporcionan las empresas a fin de que cualquier persona relacionada con la misma pueda comunicar determinados comportamientos, acciones o hechos que constituyan una violación en tanto a las políticas, códigos y normas internas de la compañía.


En la Reforma del Código Penal acaecida en marzo de 2015 (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), se establecen penas muy importantes para las empresas que sean condenadas por algún delito cometido por sus administradores, directivos o empleados. También, se exime de responsabilidad penal a aquellas empresas que tengan implantado un buen sistema de Gestión de Compliance Penal.


No es sencillo implantar un buen sistema de Compliance, requiere un gran esfuerzo y compromiso por parte de la entidad y de sus empleados. Sin embargo, los beneficios y la tranquilidad que aporta, frente a los cumplimientos y obligaciones normativos, cada vez más exigentes, no son comparables a su coste. Pues bien, una forma de garantizar la eficacia de los controles implantados en la entidad es disponer de un canal de denuncias que permita la comunicación de incidencias en la aplicación de las políticas y códigos internos. Por ello, la implementación de este tipo de canales comienza a crecer entre las empresas, pero no se trataba de una obligación.


He aquí el quid de la cuestión. Con la trasposición de la Cuarta Directiva Europea en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la implementación de un Canal Interno de Denuncias se convierte en una nueva obligación para aquellos sujetos obligados a esta normativa, adquiriendo por tanto gran relevancia para los “promotores inmobiliarios y todas aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles”, según indica la Norma.


Pero el requerimiento no solo contempla disponer de un Canal Interno: éste debe garantizar el anonimato y ofrecer las máximas garantías al denunciante. Cito textualmente: “Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado” (Art, 26 Bis del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto que transpone la IV Directiva y modifica la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).


Cabe reseñar que, aquellas empresas que ya contaran con un canal de denuncias interno al uso pueden utilizar este mismo canal, adaptándolo a los nuevos requerimientos para dar cumplimiento a esta obligación. Pero, realmente, gran magnitud de entidades no disponía de un canal de denuncias al uso.


Por ello, el impacto y la sorpresa entre los empresarios de este sector ha desatado su preocupación y puesta en marcha. Muchos optan por su externalización para reducir el impacto del coste de su implementación en sus Unidades de Control Interno. Teniendo en cuenta, además, que su ausencia puede suponer omisión constitutiva de falta leve sancionada con multa de hasta 60.000 euros.


Personalmente, abogo por sistemas sencillos y online, como por ejemplo el correo electrónico, descartando sistemas complejos que en muchas ocasiones implican completar numerosos campos y, al final, resultan improductivos. Para que el sistema resulte eficaz debe ser sencillo y enfocado a garantizar no solo el anonimato del denunciante, sino también su confidencialidad, ofreciendo las máximas garantías al respecto.


Todos los empleados de la compañía pueden ser denunciados o denunciantes en este sistema. El alcance del canal de denuncias abarca no solo a los pertenecientes a la entidad, sino también a terceros no relacionados y que dispongan de alguna información, pero principalmente serán los mismos empleados de la compañía.


El Whistleblower o Denunciante es la persona que denuncia un caso de corrupción o fraude en la entidad para que sea investigado, prevenido y/o corregido. Debemos contemplarlo más como una persona preocupada por el buen funcionamiento de la empresa que avisa de los riesgos de cumplimiento que ha detectado, y que deben corregirse y prevenirse. Debemos alejarnos del concepto despectivo de “chivato”. Es un colaborador con el que por suerte cuenta la entidad, que pretende gestionar de manera correcta los riesgos penales de la entidad.

Por su parte, el departamento, órgano o personas designada para asumir las funciones de gestión del canal de denuncias debe tener conocimientos suficientes para discriminar las informaciones relevantes de las carentes de interés jurídico-penal. Asimismo, es importante que disponga de autonomía respecto del nivel alto de dirección y de capacidad para impulsar investigaciones internas.


A grandes rasgos, la implementación de un Canal Interno de Denuncias demuestra el compromiso inequívoco de la entidad con el Cumplimiento Normativo y el Buen Gobierno Corporativo y, además, es un sistema preventivo frente a incumplimientos, tanto de normas externas como internas de la empresa.


Dentro de este marco de novedades normativas, actualmente el sector inmobiliario se enfrenta a grandes retos, y es necesaria una labor de concienciación entre los empresarios por el importante papel que juegan en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


En necesario que se pierda el miedo a este tipo de canales, que en ocasiones implican procesos de investigación y sancionadores, y concentrar todo el esfuerzo en el establecimiento de modelos fuertes y consistentes de prevención. Por su parte, resulta fundamental y necesaria una labor de concienciación en el sector inmobiliario con la colaboración de asociaciones del sector a fin de facilitar a estas empresas el cumplimiento normativo.


Fuente: Idialista